MÁS FRUSTRACIONES QUE ESPERANZAS
Funcionarios del Gobierno, responsables del tema desde distintas entidades,
reconocen la voluntad y orden del presidente Petro, pero no allanan el camino
para la viabilidad legal. Senador autor del Proyecto de Ley de Tercios, Robert
Daza, afirma que estos parecen tener sobre el tema un “currículo oculto”.
Por Carlos Ramos Maldonado
Durante la mañana del pasado jueves 13 de noviembre se desarrolló en el Salón Boyacá del Congreso de la República la audiencia sobre los proyectos de leyes referentes a la caracterización y fortalecimiento de medios de comunicación alternativos y comunitarios que cursan en la Comisión Sexta del Senado, actividad que contó con la presencia de congresistas de las células legislativas de ambas cámaras, funcionarios del gobierno nacional pertenecientes a las entidades competentes y representantes de las diferentes organizaciones de medios alternativos, emergentes y comunitarios, con transmisión en directo por el Canal del Congreso.
Recordamos que en el Congreso de la República cursan los proyectos de leyes 128/2025 Senado (Ley de Tercios, ver https://n9.cl/11419) y 013/2025 Senado (Emisoras Comunitarias, ver https://n9.cl/vei3q), los cuales buscan, por un lado, redistribuir y democratizar a pauta pública nacional y territorial, y, por el otro, proteger y democratizar el espacio radioeléctico; pero también está en trámite en el Ministerio del Trabajo el Decreto de Formalización Laboral, soportado en la Ley 2466 de 2025 (cuyo artículo 42 se refiere a la actividad laboral profesional de los periodistas).
El ponente de las dos leyes en debate es el senador del Pacto Histórico Robert Daza, quien convocó y condujo la audiencia pública del anterior 13 de noviembre a solicitud de los senadores Esteban Quintero, del Centro Democrático, y Soledad Tamayo, del Partido Conservador, aclarando él mismo inicialmente que los proyectos en trámite comenzaron a gestarse por iniciativas de las mismas organizaciones civiles de los sectores interesados, con quienes se realizaron sendas mesas técnicas con participación de las instancias estatales de la competencia, y no tienen que ver con el ejercicio y la caracterización de la comunicación social mediática ni del periodismo. La idea es avanzar en las respectivas ponencias que ojalá se agenden antes de finalizar este año.
Todo comenzó con la inserción
en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, a
iniciativa ciudadana en las mesas de trabajo que se organización en todo el
territorio nacional, de la propuesta del fortalecimiento de los medios
emergentes, alternativos y comunitarios, y la democratización de la pauta
pública, por lo que en el artículo 145 de dicho PND se incorporó
el enfoque diferencial en el servicio público de televisión y de radio
comunitaria, estableciendo medidas para la participación de
comunidades con reconocimiento gubernamental. Extendido este precepto a una
estrategia para fortalecer a los medios alternativos y comunitarios como parte
de la democratización de la comunicación, la inclusión social, la construcción
de tejidos colectivos con el fin de promover la participación ciudadana y la
cultura de paz, el pluralismo informativo y el acceso equitativo al ecosistema y
a la pauta oficial.
En septiembre del año pasado en Armenia, el Gobierno Nacional reafirmó el compromiso con la implementación de la propuesta de la Ley de Tercios, que establece la distribución de la pauta oficial y las estrategias de divulgación de la gestión pública así: un tercio para los medios públicos, un tercio para los medios privados, y un tercio para los alternativos y comunitarios, incluidos los emergentes (digitales no monopólicos), de tal manera que el asunto no es el debate sobre el aumento del rubro fiscal para tal finalidad, sino la redistribución equitativa de dichos presupuestos existentes.
Allí mismo se orientó que en
una directiva presidencial se avanzara en el cumplimiento anticipado del proyecto de la Ley
de Tercios, así que se promulgó la Directiva 011/2024 que buscaba fortalecer la
divulgación de la información pública a través de los medios alternativos y
comunitarios en los diferentes territorios, así como el fortalecimiento de
estos para superar la inequidad digital y dar visibilidad a las realidades
periféricas.
Sin embargo, el Consejo de Estado, en el confuso marco del denominado Bloqueo Institucional, suspendió provisionalmente esta Directiva al considerar que con ella se vulneran principios esenciales del Estatuto de la Contratación Pública (consignados en el SECOP), como la selección objetiva, la planeación, el principio de la autonomía territorial y la libre competencia. La salida, entonces, ha sido gestionar el proyecto de ley.
En la audiencia participaron representantes tantos de
medios radiales comunitarios para hacer propuestas sobre reforma de ley, como
de medios alternativos y comunitarios tradicionales no monopólicos y digitales, con exposiciones centradas en las argumentaciones teóricas de las
comunicaciones para el desarrollo, especialmente en los objetivos dialécticos de
informar para formar, inconformar y transformar, en la necesidad de fortalecer
la proximidad y glocalización informativa, la participación ciudadana dentro de
la circularidad del diálogo social para generar vínculos de confianza y construir
opinión pública propensa al cambio estructural para el progreso y la cultura de
paz, y el pluralismo informativo desde los territorios. Pero también
experiencias in situ sobre los esfuerzos para promover la pertenencia,
identidad y apropiación de los territorios para la comprensión de la realidad
nacional.
Pero del dicho al hecho…
Mauren Maya, del Ministerio de Hacienda, reconoce que incluir a los medios comunitarios entre los ofertantes para procesos de divulgación, convenios solidarios y contratos de menor cuantía no es una dádiva, sino un acto de justicia para los agentes de información que desde las bases sociales orientan el fortalecimiento de lo público, incluso, para adelantar labores pedagógicas sobre transición energética y concertación social en los territorios como aliados estratégicos de la agenda del Gobierno, tema que no pueden adelantar los medios tradicionales por su distancia física.
Aunque el desencanto comenzó al paso siguiente, cuando el Jefe de Comunicación Estratégica de la Presidencia de República, Andrés López, hizo el recuento de lo hecho y no hecho hasta ahora ni por hacer desde que el Presidente impartió a orden de atender requerimientos de los Medios PAC (populares, alternativos, comunitarios y digitales –no se mencionan programas radiales alternativos independientes-), fruto del encuentro de Armenia:
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Un balance, caracterización y legalidad de los Medios
PAC, con articulación de la Unidad Solidaria de Mintrabajo (https://rums.unidadsolidaria.gov.co) y del MINTIC.
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Una Rueda de Negocios con poca presencia institucional
para acercar a las entidades públicas los portafolios de las organizaciones de
medios alternativos, comunitarios y digitales.
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La realización por parte de MINTIC de catorce encuentros
regionales con medios alternativos, incluido el II Encuentro Internacional de
Cartagena, con el propósito de generar lazos de reconocimiento y articulación de
gestores mediáticos populares en el ecosistema nacional.
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Todo bonito, pero… cuando en septiembre del año pasado se
presentó la Directiva Presidencial, ya todas las entidades del Estado habían
gastado o comprometidos sus recursos de divulgación, y de 177 oficinas del
orden nacional que podrían tener presupuesto con tal fin, en promedio solo 20
pudieron tener “cucayo”; aunque, de estos últimos, el 95% no habían contratado
aun su operador de pautas, o sea, nada. Quiere decir esto que la administración
y asignación de pauta oficial en Colombia está tercerizada.
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Y para este año, casos iguales, pero además: como la Directiva Presidencial
se dio en septiembre 2024, ya estaba proyectado el presupuesto 2025, es decir,
tampoco se incluyó la orden de distribución por tercios de la pauta y
divulgación estratégica oficial. Igual va a suceder con el presupuesto 2026, ya
aprobado. El hándicap en la Directiva Presidencial aún no se ve, dijo un
dirigente de una organización de medios alternativos y comunitarios a través de
la red digital.
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Pero llega la fresa del pastel: Del presupuesto que se
asigna a los ministerios y entidades descentralizadas nacionales para
divulgación de su respectiva gestión pública, llámese publicidad, estrategias
informativas o eventos públicos (actividades logísticas), el gran porcentaje se
va en este último, y el restante habría que dividirlo en tres partes: lo
comercial, lo público y lo comunitario, pero en lo comunitario, que debe ser de
economía solidaria, se cuenta con más de cuatro mil registros distribuidos en
todo el país sin caracterización clara, a veces ni siquiera legal, lo que
dificulta la decisión no sesgada de los aportes, además, las partidas serían
casi que miserables, según la repartición ponderada o equitativa, equivaldrían a un promedio de 50 mil pesos por proponente.
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En serio, todo indica que las propuestas de políticas
públicas sobre medios alternativos comunitarios del Presidente va por un lado; pero, por su parte, cada entidad estatal responsable parece tener agenda propia
y seguir con su “currículo oculto”, tercerizando la contratación y favoreciendo
a los medios hegemónicos que, en efecto, son opositores al Gobierno.
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Al final, al cierre de la audiencia, quedó un halo de
incertidumbre sobre la suerte de los proyectos en tránsito al respecto de los
temas tratados, pues hasta el de medios radiales comunitarios se expuso a la
deriva por parte de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones y la
Agencia Nacional del Espectro… Se dijo que lo que se pretende en la ley, ya está
regulado en el ecosistema normativo de la radiodifusión sonora ¿¡!?
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Se propuso entonces un debate de control político a todas
las entidades del Estado para que expliquen cómo es el manejo de los
presupuestos en materia de publicidad, divulgación informativa y actividades
logísticas para eventos.
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Cartagena https://n9.cl/exgps







Confiemos en qué los ponentes logren hacer una buena exposición de los motivos del Proyecto de Ley. Pero el panorama del proyecto está algo confuso. Sobre todo porque no vemos al presidente ni a sus ministros haciendo fuerza por el.
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